En Honduras, la ley de arbitraje se basa en el modelo de la UNCITRAL, que de hecho, significa que el país ha modernizado su legislación sobre la resolución de conflictos.
En este resumen legal aprenderá sobre el alcance de la ley y los conceptos más importantes que todo inversionista necesita saber, comenzando con la definición de arbitraje.
¿Qué es el arbitraje?
El arbitraje es un método alternativo para resolver conflictos con uno o más árbitros. Es una forma más ágil que un proceso judicial y es común en los contratos comerciales que incluyen una cláusula que establece que cualquier problema que pueda surgir entre las partes en un contrato puede resolverse mediante arbitraje.
Esta cláusula excluye el inicio de un juicio por cuestiones sometidas a arbitraje.
¿Cuál es la ley aplicable en Honduras y qué establece?
En Honduras, el arbitraje se rige por la Ley de Arbitraje y Conciliación (Ley 161 de 2000) y las Reglas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.
Como un proceso de arbitraje es un proceso más rápido que un juicio, las nuevas leyes como la Ley de APP (septiembre de 2010) y la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (julio de 2011) incluyeron el procedimiento de arbitraje para cualquier conflicto derivado de contratos de APP y de inversiones Hecho en el país.
¿Cómo es el procedimiento?
La ley de arbitraje se basa en el Modelo de Naciones Unidas «UNCITRAL» e implica la modernización de la ley hondureña sobre resolución de conflictos.
Según la Ley, las partes pueden acordar las reglas de procedimiento para la solución de su conflicto o someterse a un procedimiento establecido por un centro de arbitraje. La ley establece que el arbitraje puede ser de derecho, equidad o técnico (los árbitros dictan su decisión sobre la base de su conocimiento específico de un tema, comercio o ciencia en particular).
Además, las partes pueden acordar quién estará a cargo del procedimiento de arbitraje y dictar el laudo y, en caso de que no lleguen a un acuerdo sobre este asunto, el órgano de arbitraje designará al árbitro. Además, las partes pueden determinar libremente el lugar del arbitraje, pero generalmente la institución de arbitraje decide cuál tendrá lugar.
El proceso de arbitraje no excederá de cinco meses de duración a menos que las partes o el árbitro decidan prolongarlo.
Árbitros
Es muy importante el papel activo de los árbitros en el proceso de arbitraje porque ellos son quienes llevan a cabo el proceso, determinan qué evidencia será aceptada y valorada y al final dictan el laudo arbitral que pondrá fin al conflicto. El laudo tiene la fuerza equivalente a una orden judicial y las partes deben cumplirla.
Los árbitros deben cumplir con ciertos requisitos para servir como árbitros y cuando aceptan su posición asumen la obligación de cumplir su función con «dedicación y compromiso» y también la responsabilidad de reparar los daños causados a terceros por su culpa o negligencia.
Arbitraje comercial internacional
En América Central, donde hay varias compañías multinacionales y regionales, los procedimientos de arbitraje pueden llevarse a cabo tanto por las leyes locales como a través de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). El CIAC es una institución desde 1934, creada para la solución de disputas comerciales en el marco de los negocios internacionales. Honduras es miembro del CIAC con los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela
El CIAC también tiene sus propias reglas de arbitraje y las partes deben acordar someterse a las reglas del CIAC antes de someter un caso a arbitraje.
Conclusión
Antes de someterse a un proceso de arbitraje, es esencial que las partes conozcan la cláusula de arbitraje y también la ley de arbitraje que regirá todo el proceso. En CENTRAL LAW apoyamos a nuestros clientes antes, durante y después de un arbitraje en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
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Claribel Medina De León
Socia
CENTRAL LAW
