En Panamá, pocas frases generan más ansiedad corporativa que “cambios en el principio de territorialidad”.
Durante semanas, el debate sobre la sustancia económica y las rentas pasivas de fuente extranjera alimentó especulaciones, temores y no pocas interpretaciones apresuradas.
Con la reciente promulgación de la Ley 526 de 2026 en la Gaceta Oficial, la discusión ha dejado el terreno de la expectativa legislativa para convertirse en una realidad.
Pero más allá del impacto del titular, conviene aclarar algo: Panamá no está abandonando su sistema territorial ni adoptando un régimen de renta mundial. Pero quizás el punto más importante y el que probablemente generará más confusión es este: la reforma no aplica automáticamente a todas las sociedades panameñas. Ni siquiera a todas las estructuras offshore.
Aplica a un universo de estructuras bastante más específico.
Entonces… ¿A quién sí le aplica?
Para que una estructura quede bajo el radar de la Ley 526, deben cumplirse dos condiciones obligatorias y simultáneas.
La primera es la naturaleza de la entidad: la norma se enfoca estrictamente en corporaciones que formen parte de un grupo multinacional, definido como la unión de dos o más entidades vinculadas por propiedad o control en distintas jurisdicciones, sujetas a consolidación financiera.
Esto significa que las sociedades patrimoniales individuales, los vehículos aislados y las estructuras familiares simples quedan, por definición, fuera del alcance directo de estas reglas.
La segunda condición es la naturaleza del dinero. El régimen lista de forma taxativa las rentas pasivas: dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas de capital inmobiliario y mobiliario provenientes del exterior.
Por lo que una operación activa real como la prestación efectiva de servicios internacionales o actividades comerciales legítimas, sigue moviéndose bajo la lógica tradicional del principio de territorialidad panameño. El foco está puesto en la pasividad.
El verdadero cambio: La carga de probar sustancia
El cambio fundamental que introduce la ley no es meramente impositivo; es documental y cultural.
Hasta ahora, el mercado operaba bajo el entendimiento de que la renta extranjera simplemente no era gravable y no requería mayores explicaciones. A partir de la entrada en vigor de esta norma en el periodo fiscal 2027, las entidades afectadas deberán reportar estas rentas anualmente en su declaración jurada de impuestos y probar activamente que cumplen con estándares de sustancia económica en el país.
¿Y cómo se mide la sustancia económica en la práctica? La administración tributaria ha optado por un criterio de proporcionalidad basado en la complejidad de la renta y los riesgos asumidos. En esencia, la sustancia se evaluará sobre tres bases: la disponibilidad de recursos humanos e instalaciones físicas adecuadas en Panamá, que las decisiones estratégicas de dirección y control se adopten efectivamente desde territorio nacional, y que se incurra en gastos operativos locales directamente relacionados con el activo que genera la renta.
Un aspecto sumamente interesante para las firmas legales, contables y de administración es que la ley permite la tercerización de estas actividades de sustancia, pero exige que el proveedor local subcontratado debe ejecutar las funciones y mantener el personal exclusivamente en Panamá, garantizando que no exista una duplicidad o superposición de horas si atiende a múltiples clientes corporativos.
¿Qué pasa si no se cumple?
Si una entidad no logra acreditar la sustancia requerida, no reporta sus rentas o simplemente suministra información parcial o falsa, el Ministerio de Economía y Finanzas la catalogará como una «entidad no calificada».
El castigo directo es que esos ingresos pasivos extranjeros perderán su tratamiento excepcional y quedarán sujetos a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable. Es decir, se permitirá deducir los costos y gastos debidamente documentados y directamente vinculados a esa renta, pero el impuesto del 15% será inapelable, sumado a las multas, recargos e intereses correspondientes. Además de la facultad del Ministerio de Economía y Finanzas para aplicar cláusulas antiabuso desestimando mecanismos considerados artificiales o sin razones comerciales válidas
Flexibilidad y exclusiones sectoriales
Como abogada, me parece un acierto técnico que la ley haya reconocido que no todas las estructuras operan de la misma manera. El texto legal flexibiliza las exigencias para las llamadas holdings pasivas puras (aquellas dedicadas exclusivamente a la tenencia no habitual de participaciones patrimoniales o inmuebles), liberándolas de los requisitos de dirección y gastos operativos, exigiéndoles únicamente los reportes correspondientes y el cumplimiento de recursos humanos básicos.
De igual manera, la Ley 526 establece una exclusión para los sectores que ya cuentan con marcos regulatorios muy estrictos y supervisión prudencial continua, tales como la banca, el mercado de valores, las entidades de seguros y reaseguros (salvo cautivas multinacionales) y los administradores de fondos de inversión regulados. Se suma a esta lista la Marina Mercante, reconociendo que el negocio marítimo es una actividad inherentemente móvil cuyas rentas se generan predominantemente en tránsito fuera del territorio.
Para que estas exclusiones operen, las entidades deberán demostrar que están debidamente licenciadas en Panamá, que mantienen su administración efectiva aquí y que sus flujos pasivos provienen de su modelo ordinario de negocios regulado.
De la etiqueta a la realidad económica
Entiendo que el objetivo de la Ley 526 no es desmantelar el modelo territorial panameño, sino dotarlo de la credibilidad necesaria para competir en el escenario global actual que cambió y pretender ignorarlo bajo el pretexto de que «siempre se ha hecho así» dejó de ser una opción.
A cien años de la Ley 32, el verdadero desafío de Panamá consiste en profesionalizar las estructuras patrimoniales y comerciales, dotándolas de una arquitectura donde la forma jurídica y el fondo económico coincidan sin fisuras. Un diseño robusto no es el más barato ni el que descansa en la inercia del papel, sino aquel capaz de resistir un análisis técnico profundo sin requerir explicaciones forzadas.
Porque, al final del día, las estructuras más vulnerables no serán las que generen rentas pasivas. Serán aquellas que nunca estuvieron preparadas para explicar por qué existían en Panamá en primer lugar.
Garantizar esa transición con criterio, anticipación y responsabilidad es, precisamente, el camino de la tinta al clic.
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Ana Cristina Arosemena Benedetti
Socia especializada en derecho corporativo, compliance y fiscalidad internacional.
Disclaimer: Este contenido es meramente informativo no es ni puede ser interpretado como una asesoría legal de su autor ni de CENTRAL LAW.
