Costa Rica analiza tres proyectos de ley que podrían modificar de manera relevante las facultades de fiscalización, sanción y recaudación del Ministerio de Hacienda.
Las iniciativas proponen crear un nuevo procedimiento administrativo para cobrar deudas tributarias, fortalecer las consecuencias derivadas del uso de comprobantes electrónicos falsos y reformar el régimen fiscal aplicable a los productos de tabaco para mejorar la eficiencia tributaria y combatir el contrabando.
Aunque cada proyecto atiende una problemática distinta, los tres reflejan una tendencia común: ampliar la capacidad de actuación de la Administración Tributaria, agilizar la recuperación de créditos fiscales y reforzar los controles frente a prácticas que afectan la recaudación.
Nuevo procedimiento administrativo para cobrar deudas tributarias
El primer proyecto propone reformar el Título VII del Código de Normas y Procedimientos Tributarios e introducir un nuevo mecanismo denominado “Procedimiento de Apremio”.
La iniciativa permitiría que la Administración Tributaria gestione directamente el cobro de deudas líquidas y exigibles sobre el patrimonio del obligado tributario, sin depender exclusivamente de un proceso judicial ordinario.
La Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda asumiría facultades para investigar la existencia y situación de los bienes del contribuyente, adoptar medidas cautelares, decretar embargos, ejecutar garantías y ordenar la venta de activos.
Antes del inicio formal del procedimiento, la Oficina de Cobros podría realizar una única gestión de cobro persuasivo para informar al contribuyente sobre la deuda y las consecuencias de no regularizarla. Posteriormente, el obligado recibiría una notificación con el monto adeudado y dispondría de 15 días hábiles para efectuar el pago.
Si la obligación no se cancela dentro de ese plazo, la Administración podría iniciar el embargo y la ejecución de bienes. Las certificaciones de adeudo tendrían carácter de título ejecutivo suficiente para actuar contra el patrimonio del contribuyente.
La propuesta también permitiría aplicar embargos preventivos cuando exista riesgo de que el obligado se ausente, transfiera, venda u oculte sus bienes. La Administración podría retener devoluciones tributarias, embargar fondos en cuentas bancarias, afectar créditos y derechos patrimoniales y ejecutar garantías.
El embargo podría comprender el capital reclamado, los intereses liquidados y un 50 % adicional para responder por intereses futuros y costas procesales.
Medidas contra los comprobantes electrónicos falsos
El segundo proyecto, denominado “Lucha contra la evasión fiscal por el uso de comprobantes falsos”, busca fortalecer las herramientas administrativas y penales para combatir operaciones inexistentes o simuladas.
La Dirección General de Tributación ha identificado esquemas en los que se utilizan proveedores sin capacidad económica real, sociedades instrumentales o “empresas de papel” para emitir facturas que no corresponden con operaciones efectivamente realizadas.
Estos comprobantes pueden emplearse para generar créditos fiscales improcedentes en el impuesto sobre el valor agregado o para incrementar artificialmente los costos y gastos deducibles en el impuesto sobre las utilidades.
Cuando la Administración determine que una operación es inexistente, podría rechazar los efectos fiscales de la factura, ajustar la base imponible, exigir el pago de los tributos omitidos, imponer sanciones administrativas y remitir el expediente a la vía penal cuando existan indicios de fraude fiscal.
Uno de los principales cambios consiste en incluir en la Consulta Pública Tributaria del Ministerio de Hacienda a las personas y empresas declaradas, mediante un acto administrativo firme, como emisoras de comprobantes falsos o facturadoras de operaciones simuladas.
La publicación podría afectar la posibilidad de obtener permisos, concesiones, contrataciones públicas y otros trámites estatales mientras el sujeto mantenga esa condición.
La propuesta también elimina el requisito de que los documentos falsos representen más del 10 % de la base de la sanción para considerar la conducta como muy grave. De aprobarse, el uso de una factura o documento falso podría dar lugar a una sanción equivalente al 150 % del impuesto dejado de pagar, independientemente de su incidencia porcentual en la declaración.
Además, la Administración podría inhabilitar temporalmente al contribuyente para emitir facturas electrónicas. Una vez firme la resolución correspondiente, el bloqueo de las funcionalidades de facturación podría mantenerse hasta por cinco años.
El proyecto también propone crear un nuevo delito por la comercialización de comprobantes electrónicos falsos. Se contemplan penas de cuatro a ocho años de prisión para quien expida, comercialice, compre o adquiera comprobantes que respalden operaciones inexistentes o simuladas con el propósito de obtener un beneficio patrimonial y evadir tributos.
Reforma fiscal y combate al contrabando de tabaco
El tercer proyecto corresponde a la “Ley para la eficiencia fiscal y combate al contrabando de tabaco”, que propone modificar el régimen tributario aplicable a los cigarrillos y productos similares.
La iniciativa busca actualizar referencias legales obsoletas, simplificar el cálculo de los impuestos y reducir la complejidad administrativa derivada de la participación del Ministerio de Hacienda y del Instituto de Desarrollo Rural.
Asimismo, pretende disminuir la brecha de precios entre los productos legales y los de contrabando, que ingresan al mercado sin pagar impuestos ni cumplir con los controles sanitarios aplicables.
Entre los principales cambios se encuentra la eliminación del tributo destinado al INDER y la concentración de la administración fiscal en el Ministerio de Hacienda. Según la iniciativa, esta medida permitiría reducir la duplicación de funciones y facilitar la fiscalización de la producción, importación y comercialización de productos de tabaco.
La propuesta mantendría un impuesto específico de hasta veinte colones por cada cigarrillo, cigarro, puro de tabaco o producto similar, de producción nacional o importado. El monto máximo se actualizaría anualmente conforme a la variación del índice de precios al consumidor.
La Dirección General de Tributación también podría establecer, mediante resoluciones de alcance general, las obligaciones formales aplicables a los contribuyentes del sector, incluyendo declaraciones, comprobantes, requerimientos de información, mecanismos de control, medios de presentación y plazos.
Esta facultad permitiría responder con mayor rapidez ante nuevas modalidades de evasión, cambios en el mercado y la aparición de productos como los dispositivos de tabaco calentado y los sistemas electrónicos de administración de nicotina.
Según la información citada en el proyecto, el mercado ilícito de cigarrillos habría representado aproximadamente el 43 % entre 2021 y 2024. Los incumplimientos relacionados con el IVA, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto específico podrían alcanzar hasta un 0,12 % del producto interno bruto.
¿Qué deben considerar las empresas?
Aunque las tres iniciativas todavía deben completar el proceso legislativo, las empresas deberían evaluar anticipadamente sus posibles efectos y fortalecer sus sistemas de cumplimiento tributario.
Entre las principales acciones recomendables se encuentran:
- Revisar la existencia de deudas tributarias líquidas y exigibles.
- Mantener actualizados los correos y buzones electrónicos registrados ante la Administración.
- Establecer protocolos para atender notificaciones, embargos y medidas cautelares.
- Validar la existencia jurídica y capacidad operativa de los proveedores.
- Documentar la materialidad y trazabilidad de las operaciones.
- Conservar contratos, órdenes de compra, entregables y comprobantes de pago.
- Reforzar los controles relacionados con la recepción y emisión de facturas electrónicas.
- Dar seguimiento a las resoluciones emitidas por la Dirección General de Tributación.
Una tendencia hacia un mayor control tributario
En conjunto, los tres proyectos ampliarían las facultades de cobro, fiscalización y sanción del Ministerio de Hacienda.
El procedimiento de apremio permitiría actuar directamente sobre el patrimonio de los contribuyentes para recuperar deudas fiscales. La reforma sobre comprobantes falsos incrementaría las consecuencias administrativas y penales relacionadas con las operaciones simuladas. Por su parte, la iniciativa sobre el tabaco buscaría simplificar el régimen fiscal y mejorar la capacidad del Estado para combatir el contrabando.
Para las empresas, estas propuestas refuerzan la importancia de contar con controles internos sólidos, documentación adecuada de sus operaciones y mecanismos que permitan responder oportunamente ante las actuaciones de la Administración Tributaria.
Para mayor información, contáctenos en info@central-law.com.
José Pablo González
Asociado – Costa Rica
Disclaimer: Este contenido es meramente informativo y no es ni puede ser interpretado como una asesoría legal de su autor ni de CENTRAL LAW.
