La entrada en vigencia del Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, introduce cambios relevantes para las sociedades mercantiles en Guatemala.
Aunque la norma tiene como objetivo principal fortalecer el régimen de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, también reforma disposiciones del Código de Comercio que impactan directamente la identificación de accionistas, la inscripción de administradores y la actualización de la información corporativa ante el Registro Mercantil.
Mayor trazabilidad de la propiedad accionaria
Las sociedades cuyo capital se encuentre dividido en acciones deberán mantener información detallada y actualizada sobre sus accionistas en el libro de registro correspondiente.
La reforma exige identificar, entre otros aspectos, a los accionistas individuales y jurídicos, así como determinadas estructuras fiduciarias o patrimoniales que intervengan en la titularidad de las acciones.
Además, las sociedades deberán comunicar al Registro Mercantil General de la República las modificaciones relacionadas con la titularidad accionaria dentro de los plazos establecidos.
Para las sociedades constituidas antes de la entrada en vigor de la ley, se contempla un período transitorio de un año para actualizar el registro de acciones y presentar la información requerida.
Nuevas obligaciones para administradores
El Decreto también refuerza la transparencia sobre la administración de las sociedades.
La integración, nombramiento y remoción de los miembros del órgano de administración deberá inscribirse en el Registro correspondiente. Las sociedades existentes dispondrán de seis meses para registrar a todos los integrantes de su órgano de administración, independientemente de que tengan o no representación legal.
El incumplimiento puede generar dificultades para realizar posteriormente otras operaciones ante el Registro Mercantil.
¿Qué deben considerar las empresas?
El nuevo régimen convierte la actualización de la información societaria en una obligación de cumplimiento continuo.
Entre las principales acciones recomendables se encuentran:
- Revisar y actualizar los libros de registro de accionistas.
- Verificar la cadena histórica de titularidad de las acciones.
- Regularizar transmisiones accionarias que no estén debidamente documentadas.
- Revisar la información de accionistas extranjeros y estructuras jurídicas intermedias.
- Actualizar la integración de los órganos de administración.
- Establecer controles internos para reportar oportunamente cualquier modificación societaria.
La reforma resulta especialmente relevante para sociedades familiares y grupos empresariales con estructuras corporativas complejas, donde pueden existir transmisiones históricas, accionistas fallecidos, sociedades extranjeras o estructuras de propiedad indirecta que requieran regularización.
Un nuevo enfoque de gobierno corporativo
El Decreto 15-2026 fortalece la conexión entre la información corporativa interna y los registros públicos, impulsando un modelo basado en una mayor transparencia, trazabilidad y actualización permanente de la información societaria.
Para las empresas, esto implica que el cumplimiento corporativo ya no debe limitarse a la documentación interna, sino que deberá garantizar coherencia entre la realidad económica de la sociedad, sus libros corporativos y la información registrada ante las autoridades.
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Lorena Flores-Estrada
CENTRAL LAW Guatemala
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