Costa Rica se prepara para entrar en una etapa decisiva del proyecto del Tren Eléctrico Metropolitano (Tibi), una iniciativa que no solo busca transformar la movilidad de la Gran Área Metropolitana, sino que también abre una oportunidad relevante para empresas internacionales interesadas en participar en proyectos de infraestructura de gran escala.
De acuerdo con el cronograma informado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), durante octubre de 2026 se prevé iniciar las primeras contrataciones relacionadas con la oficina de gerencia del proyecto. El cartel para diseño y construcción se proyecta para el primer semestre de 2027, mientras que la selección del operador y responsable del mantenimiento se prevé para una etapa posterior.
El proyecto contempla aproximadamente 51.9 kilómetros en dos líneas, Paraíso-San José y San José-Heredia-Alajuela, junto con 28 trenes eléctricos y la modernización de infraestructura ferroviaria existente. Su financiamiento se ha estructurado mediante un paquete por US$800 millones, con participación del BCIE, el Fondo Verde para el Clima y el Banco Europeo de Inversiones.
La preparación comienza antes de que se publique el cartel
Para una empresa extranjera, una de las primeras decisiones será definir cómo participará jurídicamente en Costa Rica.
La Ley General de Contratación Pública, Ley N.º 9986, permite distintas modalidades de participación, incluyendo ofertas conjuntas y en consorcio, lo que resulta especialmente relevante en un proyecto ferroviario que combina especialidades como obra civil, material rodante, electrificación, señalización, telecomunicaciones, tecnología ferroviaria, operación y mantenimiento.
Esto obliga a analizar con anticipación si la empresa participará individualmente, mediante un consorcio, junto con socios locales o utilizando una estructura societaria específica.
La decisión tendrá efectos sobre aspectos como distribución de responsabilidades, garantías, acreditación de experiencia, obligaciones tributarias y laborales, importación de equipos y responsabilidad frente a la Administración.
Una doble capa regulatoria
La Ley N.º 9986 constituye el punto de partida, pero no necesariamente agota el análisis.
Al tratarse de un proyecto con financiamiento internacional, también será necesario revisar los convenios de financiamiento, los documentos de cada procedimiento y las reglas de adquisiciones aplicables según la fuente de los recursos.
Esto cobra especial importancia por la participación del BCIE, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Verde para el Clima.
Para los oferentes, esto significa que no basta con cumplir la legislación costarricense; también deberán cumplir las reglas del procedimiento financiado internacionalmente y los estándares establecidos por las entidades financiadoras.
¿Qué deberían tener preparado las empresas?
Antes de la publicación del cartel principal, las compañías interesadas deberían avanzar en la revisión de aspectos como:
- estructura societaria o consorcial;
- representación y poderes en Costa Rica;
- experiencia técnica y capacidad financiera;
- garantías disponibles;
- obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social;
- contratación de personal extranjero;
- importación de equipos;
- selección de subcontratistas;
- políticas de compliance;
- seguros;
- y mecanismos de solución de controversias.
La preparación jurídica debe avanzar de forma paralela a la preparación técnica y financiera.
Bancabilidad, riesgos y compliance
En proyectos de infraestructura de esta magnitud, ganar una licitación no es suficiente. El contrato debe ser ejecutable y financieramente sostenible.
La identificación y distribución de riesgos debe realizarse antes de ofertar, considerando factores como diseño y construcción, costos, expropiaciones, permisos, atrasos, importación de equipos, interfaces entre contratistas, variaciones regulatorias, fuerza mayor y obligaciones ambientales y sociales.
Asimismo, los proyectos financiados por organismos multilaterales incorporan estándares estrictos en materia de integridad. La debida diligencia debe extenderse no solo a la empresa, sino también a socios consorciales, representantes, consultores, intermediarios y subcontratistas.
Una oportunidad que trasciende al ferrocarril
El Tren Eléctrico puede convertirse en un precedente importante para otros proyectos de infraestructura en Costa Rica.
El país mantiene necesidades relevantes en infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria, portuaria, energética y logística, y muchas de estas obras requerirán esquemas que combinen recursos públicos, financiamiento internacional y participación privada.
Para atraer capital y empresas internacionales será fundamental contar con procedimientos transparentes, reglas previsibles, contratos ejecutables y una asignación razonable de riesgos.
El cronograma anunciado ofrece a las empresas interesadas algo especialmente valioso: tiempo para prepararse.
Cuando se publique el cartel principal, buena parte de las decisiones sobre estructura, socios, financiamiento, garantías y riesgos deberían estar ya resueltas.
Autor:
Rafael Quirós
CENTRAL LAW Costa Rica
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