La entrada en vigencia del Reglamento de la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable representa un paso clave para la implementación del marco aplicable a los sistemas de autoconsumo energético en El Salvador. Publicado el 20 de abril de 2026 y vigente desde ocho días después, el Reglamento desarrolla las condiciones para la instalación y operación de sistemas de generación eléctrica a partir de fuentes renovables destinados al consumo propio, incluyendo aquellos que contemplan reinyección a la red de distribución.
Uno de los principales cambios se concentra en la regulación de los proveedores que participen en la importación, comercialización, diseño, instalación, mantenimiento o supervisión de estos sistemas. Para acceder a los incentivos fiscales previstos en la Ley, deberán obtener la calificación y certificación correspondiente ante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), con participación técnica de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), además de incorporarse al registro oficial de proveedores autorizados. Estas certificaciones tendrán una vigencia de dos años y los lineamientos específicos para el proceso de calificación deberán emitirse en los próximos meses.
El Reglamento también ordena el proceso de aprobación y puesta en operación de los proyectos de autoconsumo renovable. La DGEHM asume funciones técnicas relacionadas con evaluación, supervisión y emisión de lineamientos, mientras que la SIGET mantiene un rol central en la aprobación y certificación de los sistemas. Asimismo, se incorpora un catálogo técnico obligatorio que servirá como referencia para la importación, comercialización, instalación y registro de equipos, limitando la posibilidad de imponer requisitos adicionales distintos a los previstos por la normativa.
Las nuevas disposiciones también alcanzan a proyectos que ya se encuentran operando. Mientras las reglas relacionadas con la remuneración por reinyección deberán implementarse de forma inmediata, algunos requerimientos técnicos y documentales contarán con un período de adecuación de un año. Con este nuevo marco, las autoridades buscan uniformar criterios técnicos, brindar mayor certeza regulatoria y facilitar la adopción de soluciones energéticas renovables bajo un esquema más estructurado y previsible.
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Socio – El Salvador
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