El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 31 de agosto de 2026 la Ley de Justicia Energética, una reforma integral del subsector eléctrico que modifica la estructura de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), introduce nuevas reglas para la contratación de energía y establece medidas relacionadas con tarifas, subsidios, pérdidas eléctricas e inversión en infraestructura.
La normativa contempla la reorganización de la ENEE bajo un esquema de empresa matriz y tres subsidiarias encargadas de las actividades de generación, transmisión y distribución. De acuerdo con el texto aprobado, el Estado mantendrá, a través de la ENEE, la propiedad del 100% de las acciones de dichas subsidiarias y los activos permanecerán bajo titularidad de la empresa matriz.
Reorganización del sector eléctrico
Uno de los cambios más relevantes es la separación funcional de las actividades de generación, transmisión y distribución.
Las nuevas subsidiarias contarán con autonomía administrativa, técnica, operativa y financiera, mientras la ENEE conservará la propiedad de los activos estratégicos y del capital social. Este nuevo esquema obligará a revisar la forma en que se estructuran las relaciones operativas y contractuales dentro del mercado eléctrico hondureño.
La reforma también contempla medidas orientadas a modernizar la red, reducir las pérdidas del sistema y fortalecer la regulación del subsector.
Nuevas reglas para la contratación de energía
La Ley de Justicia Energética establece como regla general la utilización de licitaciones públicas para la compra de energía, bajo principios de transparencia, competencia, igualdad y eficiencia económica.
También prevé la posibilidad de utilizar mecanismos como subastas inversas cuando resulten convenientes para el sistema eléctrico.
Para generadores, desarrolladores de proyectos, contratistas e inversionistas, estas modificaciones hacen recomendable revisar los procedimientos de contratación, las condiciones regulatorias aplicables y la estructura de los futuros proyectos vinculados con generación y transmisión.
Tarifas, subsidios y usuarios
La normativa establece que la tarifa aplicada en el último recibo de energía no podrá incrementarse durante un período inicial de seis meses, que podría ser prorrogado por otros seis meses mediante decisión del Congreso Nacional.
Asimismo, los subsidios deberán identificarse de forma separada en las facturas de los beneficiarios y contar con una fuente específica de financiamiento, sin trasladar automáticamente su costo a otras categorías de usuarios.
¿Qué deben considerar las empresas?
La reforma abre una nueva etapa para el sector energético hondureño. Empresas generadoras, grandes consumidores, desarrolladores de infraestructura, contratistas y proveedores deberían revisar especialmente:
- los nuevos procedimientos de contratación de energía;
- la relación contractual con la ENEE y sus futuras subsidiarias;
- las reglas aplicables a generación, transmisión y distribución;
- los posibles cambios regulatorios derivados de la implementación de la ley;
- y las oportunidades de inversión vinculadas con infraestructura, modernización de redes y nuevas tecnologías.
La Ley de Justicia Energética entrará en vigencia con su publicación en La Gaceta, por lo que su implementación y desarrollo reglamentario serán claves para determinar su impacto práctico sobre los distintos participantes del mercado.
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