La actualización del régimen de Inversionista Calificado en Panamá abre nuevas oportunidades para atraer capital extranjero, pero también refuerza la necesidad de estructurar correctamente la inversión desde una perspectiva migratoria, corporativa y patrimonial.
Con la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo No. 17 de 8 de septiembre de 2026, se establecen condiciones más específicas para acceder a la residencia permanente mediante inversión, particularmente en relación con la titularidad de los activos, el origen de los fondos y la identificación del beneficiario final.
La estructura jurídica importa
El régimen exige una inversión mínima de B/.300,000.00, proveniente de fuente extranjera.
La inversión puede realizarse directamente por el solicitante o a través de una persona jurídica debidamente constituida y vigente, siempre que pueda acreditarse que el solicitante es su beneficiario final.
Esto permite utilizar sociedades panameñas o extranjeras como vehículos de inversión, pero exige que la estructura utilizada permita identificar con claridad quién es el verdadero titular de la inversión.
La existencia de una sociedad, por sí sola, no acredita el cumplimiento de los requisitos migratorios.
Fondos propios y trazabilidad
Uno de los elementos centrales del nuevo régimen es la necesidad de demostrar que los recursos utilizados pertenecen al propio solicitante.
La normativa exige acreditar tanto la titularidad como la trazabilidad de los fondos y establece que no podrán computarse para alcanzar el monto mínimo requerido las sumas provenientes de:
- donaciones;
- regalos;
- liberalidades; o
- cualquier otra transferencia gratuita de terceros.
Este aspecto adquiere particular relevancia en estructuras familiares, corporativas o patrimoniales en las que los recursos pueden provenir de distintas personas o entidades.
¿Qué ocurre si se utiliza una sociedad extranjera?
Cuando la inversión se efectúe mediante una persona jurídica constituida en el extranjero, será necesario acreditar documentalmente aspectos como:
- existencia y vigencia de la sociedad;
- estructura de propiedad;
- beneficiario final;
- representación legal; y
- control efectivo.
La documentación deberá cumplir además con las formalidades de legalización o apostilla y traducción al español, cuando corresponda.
Modalidades de inversión
El nuevo régimen contempla distintas alternativas para acceder a la residencia permanente como Inversionista Calificado.
Entre ellas se encuentran:
- Inversión inmobiliaria: desde B/.300,000.00 para inmuebles de primera venta y B/.500,000.00 para propiedades del mercado secundario.
- Mercado de valores: inversión mínima de B/.500,000.00 en instrumentos financieros elegibles a través de casas de valores autorizadas.
- Depósitos bancarios a plazo fijo: desde B/.500,000.00 en el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros y B/.750,000.00 en bancos privados autorizados.
La normativa también reconoce, bajo determinadas condiciones, inversiones inmobiliarias mantenidas mediante sociedades o fundaciones de interés privado, así como operaciones sustentadas en promesas de compraventa mediante fideicomisos o mecanismos de garantía bancaria.
Mantener la inversión también es parte del cumplimiento
La planificación no termina con la obtención de la residencia.
El régimen exige mantener la inversión durante un período mínimo de cinco años y acreditar anualmente su vigencia ante el Ministerio de Comercio e Industrias.
Esto significa que el inversionista debe considerar desde el inicio tanto la estructuración de la operación como el mantenimiento posterior de las condiciones que permitieron obtener el beneficio migratorio.
Planificar antes de invertir
El nuevo régimen reafirma la importancia de coordinar los aspectos migratorios, corporativos, patrimoniales y financieros de una inversión en Panamá.
Cumplir con el monto mínimo es solo una parte del proceso.
La clave está en estructurar, ejecutar y documentar correctamente la inversión desde el inicio, asegurando que pueda acreditarse de manera clara la identidad del inversionista, la titularidad de los recursos y su procedencia extranjera.
Una asesoría preventiva puede ayudar a seleccionar el vehículo jurídico adecuado, anticipar contingencias y asegurar que la inversión sea compatible con los requisitos migratorios aplicables.
Autora:
Krystal Ordaz Pérez
Asociada – CENTRAL LAW en Panamá
En CENTRAL LAW en Panamá brindamos asesoría legal en materia migratoria, corporativa y patrimonial, acompañando a inversionistas extranjeros en la estructuración de sus inversiones y en el cumplimiento de las disposiciones aplicables en Panamá.
En CENTRAL LAW acompañamos a nuestros clientes en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Disclaimer: Este contenido es meramente informativo y no constituye asesoría legal individual.
