En El Salvador, la discusión sobre ESG (Environmental, Social and Governance) se encuentra aún en una etapa incipiente en comparación con otros países más avanzados en esta materia. Aunque ha habido un creciente interés en estos temas, especialmente entre las ONG y la sociedad civil, no se ha alcanzado un marco regulatorio consolidado específico para ESG.
A nivel gubernamental, las iniciativas son principalmente ad hoc y se centran más en aspectos medioambientales y sociales individuales que en un enfoque ESG global. Sin embargo, con la reciente atención internacional a las cuestiones de sostenibilidad y la presión de los inversores extranjeros, el entorno está madurando para políticas más coherentes.
La llegada del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB) y de la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes (GRI) ha generado debates en el sector empresarial sobre la importancia de adoptar normas ESG. Esto podría acelerar el desarrollo de una cultura de divulgación de la sostenibilidad en El Salvador.
En el sector financiero, algunas instituciones bancarias están empezando a aplicar criterios ASG en sus estrategias de inversión y préstamo. Sin embargo, el sector corporativo en general aún no está totalmente alineado con estos principios.
En resumen, aunque el debate sobre ASG está ganando tracción, aún queda un largo camino por recorrer para establecer un marco regulador sólido en El Salvador. La adopción de estándares internacionales como la ISSB podría ser un catalizador significativo para impulsar las regulaciones ASG en el país.
Hasta la fecha, El Salvador no cuenta con un conjunto de normativas ESG obligatorias que se apliquen de forma generalizada a todas las empresas. Sin embargo, existen leyes ambientales y sociales específicas, aunque no caigan bajo el paraguas de una regulación ESG integral.
Las empresas del sector extractivo y de la construcción, por ejemplo, deben cumplir ciertas normas medioambientales, y existen leyes laborales que afectan a todas las empresas en cuanto a sus responsabilidades sociales. Sin embargo, estas normas no están diseñadas con un enfoque ESG integrado.
Siguiendo la creciente tendencia mundial, es probable que en un futuro próximo se consideren normativas ESG más exhaustivas, especialmente si las empresas desean atraer inversión extranjera. La adopción de normas internacionales como la ISSB o la GRI podría ser un primer paso en esa dirección.
Vale la pena señalar que aunque no hay obligación, algunas empresas multinacionales que operan en El Salvador ya siguen directrices ESG como parte de sus políticas corporativas globales.
En resumen, aunque no existe una regulación obligatoria sobre ASG, hay un conjunto disperso de leyes y regulaciones que podrían considerarse precursoras de un marco ASG más amplio. La presión internacional y los cambios en las expectativas de los inversores podrían acelerar este proceso.
En cuanto al pilar medioambiental, cabe mencionar que las normativas sobre el cambio climático, el uso de los recursos naturales o la contaminación y los residuos forman parte de la legislación vigente. Existen leyes y reglamentos que abordan cuestiones medioambientales específicas, como la protección de espacios naturales, la gestión de residuos y el control de la contaminación. Sin embargo, estas leyes suelen estar fragmentadas y carecen de un enfoque integral relacionado con el cambio climático o la sostenibilidad en general.
En cuanto al cambio climático, El Salvador ha ratificado acuerdos internacionales como el Tratado de París. Aunque no existe una política nacional de cambio climático propiamente dicha, se están tomando medidas para mitigar sus efectos y adaptarse a ellos, sobre todo en el sector agrícola y en la gestión de desastres.
En cuanto al uso de los recursos naturales, existen varias leyes que regulan la extracción de recursos minerales, la gestión del agua y la protección de la biodiversidad. Estas leyes son aplicables a las empresas y organizaciones que operan en los sectores pertinentes.
En cuanto a la gestión de residuos, existen normativas que obligan a las empresas a gestionar de forma responsable los residuos industriales y domésticos. Sin embargo, la infraestructura y los sistemas de reciclaje son insuficientes y están sujetos a dificultades operativas.
En resumen, aunque hay varias leyes y reglamentos que tocan aspectos del pilar medioambiental de ESG, suelen ser específicos y a menudo carecen de un enfoque coherente y global. A medida que el tema ESG gane prominencia, es probable que veamos una mayor integración y actualización de estas leyes.
El pilar social en El Salvador se regula principalmente a través de leyes laborales que cubren las condiciones de trabajo, la seguridad en el lugar de trabajo y los derechos de los trabajadores. Estas leyes son aplicables a todas las empresas y buscan proteger el capital humano.
La responsabilidad por los productos está parcialmente cubierta por leyes de protección al consumidor que imponen ciertas obligaciones a las empresas en términos de calidad y seguridad de los productos. Sin embargo, no existe una legislación exhaustiva que aborde la responsabilidad social de las empresas en este ámbito.
En cuanto a la oposición de accionistas y gobierno corporativo, El Salvador tiene legislación comercial que define las responsabilidades y derechos de los accionistas pero no aborda específicamente temas ASG o de sostenibilidad en este contexto.
Otras oportunidades y aspectos sociales como la inclusión y la diversidad están empezando a ganar atención, pero aún carecen de un marco normativo específico. Algunas empresas están tomando la iniciativa de abordar estas cuestiones voluntariamente, pero es más una excepción que una regla.
En resumen, aunque existen leyes que tocan aspectos del pilar social, éstas son en su mayoría genéricas y no están diseñadas con un enfoque ESG integral. Como en el caso del pilar medioambiental, es probable que el aumento de la concienciación y la presión externa conduzcan a normativas más específicas y exhaustivas en el futuro.
En el aspecto de gobernabilidad, el marco de gobierno corporativo en El Salvador está estructurado principalmente por el Código de Comercio, que regula aspectos como la constitución y funcionamiento de las empresas, la estructura de la junta directiva y las responsabilidades fiduciarias de los directores.
Además, existen regulaciones financieras que obligan a ciertos niveles de transparencia y divulgación para las empresas que cotizan en bolsa. Estas regulaciones son supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.
En términos de ética empresarial y comportamiento corporativo, no existe una regulación específica que establezca estándares de conducta ESG, aunque existen leyes anticorrupción y de competencia que buscan asegurar el comportamiento ético en los negocios.
Aunque se están dando pasos hacia una mejor transparencia y rendición de cuentas, muchas empresas en El Salvador aún no adoptan prácticas de gobernanza sólidas, particularmente cuando se trata de transparencia y gestión de riesgos ASG.
En resumen, el gobierno corporativo en El Salvador está regulado por un marco legal que cubre aspectos fundamentales como estructura organizativa y responsabilidades fiduciarias pero carece de una perspectiva ESG integrada. Al igual que con los pilares ambiental y social, se espera que la evolución de las normas internacionales y la presión de los inversores conduzcan a reformas en esta área.
CENTRAL LAW en El Salvador
Francisco Murillo, asociado
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