El Salvador ofrece dos marcos legales complementarios para atraer inversión industrial y de servicios. Comprender cuál aplica y cómo activarlo constituye la primera decisión estratégica para la inversionista.
El país ha fortalecido su posición como destino de inversión extranjera gracias a su acceso preferencial a mercados mediante el CAFTA-DR, la disponibilidad de talento, la estabilidad institucional y un marco legal competitivo con incentivos fiscales de primer nivel. En este contexto destacan dos regímenes que, aunque distintos en su diseño, comparten un mismo objetivo: posicionar a El Salvador como una plataforma regional para operaciones de alto valor.
El primero es el régimen de Zona Franca, regulado por la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. Creado para impulsar la manufactura de exportación, actualmente comprende industrias como textiles, dispositivos médicos, alimentos procesados, componentes automotrices y manufactura electrónica, alineadas con las tendencias de nearshoring. Entre sus principales beneficios se encuentra la exención del impuesto sobre la renta por un período determinado sobre maquinaria, equipos y materias primas, así como la liberación de importantes municipales. El inversionista puede operar desde un parque de Zona Franca existente o completar un desarrollo operador independiente, previa calificación ante el Ministerio de Economía (MINEC).
El segundo régimen es la Ley de Servicios Internacionales, dirigida a empresas que prestan servicios desde El Salvador hacia mercados externos. Incluye actividades como tecnología e innovación, plataformas BPO, logística internacional, investigación y desarrollo, telemedicina y servicios profesionales especializados. Las empresas deben operar desde Parques de Servicios calificados y desarrollar actividades contempladas por la ley. La calificación ante MINEC, a través de INVEST, sigue un proceso similar al de Zona Franca, con criterios específicos según la naturaleza del servicio y su potencial exportador.
En ambos regímenes, la etapa de calificación suele ser el punto más sensible del proyecto. INVEST y MINEC orientan a la inversionista y gestionan el proceso de autorización, que exige acreditar la solicitud, la capacidad de inversión y la proyección de generación de empleo, además de cumplir los requisitos aplicables ante otras instituciones. Una adecuada coordinación de estas gestiones resulta determinante para evitar retrasos en el inicio de operaciones.
La elección entre uno u otro régimen, o incluso su combinación, trasciende el ámbito fiscal. Implica definir el modelo operativo, la estructura societaria, el tratamiento aduanero y la estrategia de crecimiento. El Salvador cuenta con las herramientas legales para competir; una correcta estructuración permitirá convertir esos instrumentos en una ventaja real para el inversionista.
Para mayor información contáctenos a info@central-law.com
Artículo escrito originalmente para The Legal Industry Review El Salvador – edición julio 2026.
Socio – El Salvador
Socio – El Salvador
Disclaimer: Este contenido es meramente informativo no es ni puede ser interpretado como una asesoría legal de su autor ni de CENTRAL LAW.
