En el dinámico ecosistema financiero global, las stablecoins (criptomonedas ancladas a activos de reserva) han dejado de ser una novedad tecnológica para convertirse en un refugio de valor y un canal transaccional cotidiano. En Honduras, un país con una alta dependencia de las remesas y un sector empresarial que busca eficiencias en los pagos transfronterizos, la adopción de activos como USDT o USDC es una realidad innegable e inevitable.
En contraste, la respuesta institucional hondureña ha sido, hasta ahora, el aislamiento. La Resolución GEE No. 069/09-02-2024 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), respaldada por las advertencias del Banco Central de Honduras (BCH), prohíbe taxativamente al sistema financiero supervisado interactuar con este tipo de activos digitales. La falta de un marco regulatorio integral no detiene el uso de las stablecoins; simplemente lo empuja hacia un mercado gris, generando un impacto fiscal severo y profundos riesgos jurídicos. Adicionalmente, dichos mercados pueden eventualmente causar un efecto en la economía nacional; ante la falta de una política monetaria clara, este riesgo se maximiza.
El espejismo de la prohibición y la seguridad jurídica:
El capital, por su simple naturaleza, siempre encontrará la ruta de menor fricción. Las empresas y los individuos en Honduras están utilizando stablecoins para evadir las altas comisiones de las transferencias internacionales, protegerse de la depreciación del Lempira y agilizar liquidaciones de comercio exterior. Sistemas desfasados como el ACH ya no son una alternativa viable debido a su alto costo (en comparación) y a la falta de rapidez.
Al marginar estas operaciones del sistema bancario tradicional, el Estado hondureño crea un vacío de seguridad jurídica. Los contratos mercantiles cuyas contraprestaciones se liquidan en stablecoins carecen de un marco claro para la ejecución forzosa o la resolución de disputas. Además, el aislamiento regulatorio imposibilita la aplicación efectiva de las normativas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT). Al no exigir licencias ni procesos «Conozca a su Cliente» (KYC) a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) que operan en el país, el Estado se queda ciego ante un volumen masivo de transacciones.
Estos vacíos legales han dado lugar a que plataformas del extranjero operen dentro del país, utilizando distintos mecanismos para evadir las obligaciones regulatorias. La CNBS, al no contar con mecanismos efectivos para restringir estas prácticas, se ve limitada.
El Impacto Fiscal: la fuga invisible de ingresos
El peligro más cuantificable de la no regulación recae en las finanzas públicas. El impacto fiscal para Honduras se manifiesta en tres frentes críticos:
- Evasión de Impuestos sobre la Renta (ISR) y Ventas (ISV): Las transacciones comerciales P2P (peer-to-peer) liquidadas en stablecoins operan al margen del Servicio de Administración de Rentas (SAR). La compraventa de bienes y servicios, así como el pago de planillas o nóminas en USDT, se realizan sin generar el rastro de facturación electrónica necesario para la tributación. Esto erosiona directamente la base gravable del país; esto no es una suposición, es una realidad tangible que estamos viviendo. La prestación de servicios por medios digitales da lugar a esta práctica, y la negativa de los entes reguladores de hacer su trabajo deja la puerta abierta a la elusión fiscal.
- Pérdida de Ingresos por Licencias y Retenciones: Al no reconocer legalmente a las plataformas de intercambio (exchanges) ni a las pasarelas de pago cripto, el Estado renuncia a la oportunidad de gravar estas actividades económicas. Jurisdicciones con marcos regulatorios modernos obtienen ingresos sustanciales mediante la emisión de licencias de operación y el cobro de impuestos sobre las comisiones de transacción o ganancias de capital.
- Fuga de divisas y Política Monetaria: Las remesas representan más del 25% del PIB de Honduras. Una porción creciente de este flujo está ingresando a través de canales criptográficos. Cuando los dólares de las remesas se convierten en USDT y circulan internamente o se canjean en mercados informales, el Banco Central de Honduras pierde control sobre el ingreso de divisas reales, afectando las reservas internacionales y la capacidad del Estado para mantener la estabilidad macroeconómica.
El imperativo de una regulación inteligente
Ignorar el fenómeno de las stablecoins no es una política pública sostenible. La exclusión financiera de estos activos solo fortalece la economía subterránea. Honduras requiere urgentemente la creación de un marco normativo que, sin comprometer la soberanía del Lempira, reconozca y regule a los VASPs. Esto permitiría:
- Integrar a las plataformas de intercambio como Sujetos Obligados bajo la Ley Especial contra el Lavado de Activos.
- Proporcionar a las empresas la seguridad jurídica necesaria para contabilizar y auditar sus activos digitales.
- Facultar al SAR para establecer mecanismos de trazabilidad y tributación sobre las ganancias de capital y transacciones comerciales liquidadas en stablecoins.
En conclusión, el costo de la inacción es demasiado alto. Mantener una política de «ojos cerrados» frente a las stablecoins condena al Estado hondureño a una pérdida fiscal millonaria y deja al sector corporativo navegando en la incertidumbre jurídica. La regulación no implica necesariamente la adopción como moneda de curso legal; implica formalización, control, protección al consumidor y, sobre todo, la recuperación de una base tributaria que actualmente se desvanece en la blockchain. Es momento de que las autoridades reguladoras en Honduras evolucionen del paradigma de la prohibición hacia el de la integración inteligente.
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Asociado Junior – Honduras
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