La República Dominicana fue el país invitado del Salón Inmobiliario de Madrid, SIMA, la mayor feria del sector en España, celebrada en IFEMA del 20 al 23 de mayo. Más de cuarenta empresas nacionales ocuparon un pabellón de más de quinientos metros cuadrados, y la agenda oficial anunció que el país presentaría allí no solo sus proyectos, sino su marco fiscal y legal para atraer capital. Esa frase, la del marco fiscal y legal, es la que me interesa, porque es justo ahí, en la letra de ese marco, donde conviene detenerse antes de firmar nada.
El entusiasmo tiene base, según cifras de ProDominicana, la inversión española en el país pasó de USD 354.5 millones en 2019 a USD 1,126 millones en 2024, un crecimiento superior al 217 %; y la inversión extranjera directa total, según el Banco Central, cerró 2024 en USD 4,523.2 millones, con el turismo y la inmobiliaria concentrando buena parte de ese flujo. Días antes de la feria, en un debate en el Club Cámara de Comercio de Madrid, el abogado Fernando Fuster-Fabra había dejado una advertencia que conviene repetir aquí: lo que termina rindiendo realmente una inversión española en territorio dominicano depende, ante todo, de cómo se estructure antes de que el dinero entre.
La pregunta típica que nos llega como asesores locales, es una variación de ¿persona física, sociedad española, sociedad local, estructura mixta? La respuesta no es la misma para cada caso. Cambian la presión fiscal real y el costo de repatriar el dinero después; cambia también la exposición patrimonial del inversor, y a la larga incluso lo que ven los herederos cuando llega el momento de la sucesión. Hay tres normas dominicanas que importan en esa conversación, y vale la pena revisarlas con detalle porque ninguna se aplica sola.
Nuestro socio director, Alfonso Lomba, analiza en profundidad este tema en su reciente artículo publicado en Diario Libre.
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