, Reportes de Crédito y la Ley 8968 (de protección de datos)

Reportes de Crédito y la Ley 8968 (de protección de datos)

Nuestro Asociado Miguel Rodríguez publica un artículo en la edición física de la revista FIRMA en el que analiza la Ley 8968 de protección de datos y los reportes de crédito.

Este es el extracto del texto publicado:

Podemos definir los reportes de crédito como un conjunto de datos de una persona que han sido recabados y organizados de manera tal que permiten generar una idea de la situación crediticia de la misma. Su función primordial es servir como herramienta a las instituciones financieras y otro tipo de empresas para tener una relativa seguridad cuando se van a otorgar créditos o negociar obligaciones a plazo con los consumidores de sus productos y servicios. Por este motivo la idea principal de este artículo es dar una visión general que permita a los usuarios de estos servicios tomar decisiones informadas en el momento de contratarlos (y mantenerse dentro del ámbito de legalidad) y dar a conocer a las personas en general un poco de las garantías y derechos que tienen con respecto a este tema en virtud de la Ley 8968.

La necesidad de contar con este tipo de servicios – principalmente para las empresas –  es innegable, sin embargo, hay que tener claro que para los usuarios los reportes son igual de necesarios. Recordemos que la institución o empresa que tenemos en frente cuando solicitamos un crédito no nos conoce y, si tuvieran que empezar de cero a conocernos, esto redundaría en atrasos en los procesos e incomodidades en los servicios porque tendríamos que aportar infinidad de documentos que demuestren nuestra situación crediticia. En resumen, para obtener un crédito, el usuario se vería sometido a un proceso largo y muy tedioso.

Ahora bien, las empresas que prestan este tipo de servicios tienen muchos años de existir, pero ahora se encuentran con un nuevo reto, que es el cumplimiento con la Ley 8968 de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, legislación que presenta una serie de limitaciones para la recopilación y transferencia de Datos de Carácter Personal y otorga una serie de derechos a las personas, como serían acceso, rectificación, supresión y revocación del consentimiento (nótese que dije “reto” y no imposibilidad para que estas empresas puedan seguir con sus giros comerciales de manera normal).

Dentro de los cambios que involucra dicha ley, quizás, el más relevante es la necesidad que tienen tanto este tipo de empresas como sus clientes de gestionar el Consentimiento Informado de los interesados (sujetos persona física que son consultados), cumpliendo, claro está, con los requisitos de la legislación (ello en cuanto a la recopilación que hacen los usuarios de los servicios quienes solicitan el reporte de crédito, y en cuanto a las transferencias que realizan las empresas que prestan el servicio de información crediticia).

En este punto, es necesario hacer  referencia a los tipos de datos que puede contener un reporte de crédito. Encontramos los datos públicos de acceso irrestricto, por ejemplo, información que puede ser obtenida del Registro Civil: matrimonios, hijos, padres, entre otros. También, debemos incluir en esta clasificación aquella información del Registro Público, dentro de la cual para efectos de los reportes lo más relevante es aquella relativa a bienes muebles e inmuebles y obligaciones reales que están registradas (prendas, hipotecas e incluso no podemos olvidar los embargos anotados en los diferentes bienes). Asimismo, está la información restringida que se puede definir como toda aquella que no puede ser obtenida de fuentes de acceso público irrestricto.

La importancia práctica de diferenciar entre la información pública contenida en fuentes de acceso irrestricto y la que no es, radica en la necesidad del consentimiento informado para la recopilación de la misma. A este respecto, tenemos que aclarar que la normativa puntualiza que la información o datos para ser considerados de acceso irrestricto tienen necesariamente que estar contenidas en bases de datos públicas de acceso general, por lo cual aún si la fuente primaria de los datos es de acceso público, como aquellas indicadas en el párrafo anterior, una vez que han sido recopiladas por una empresa que presta servicios de reporte de crédito y es incluida en su base de datos pierde esa característica y, en consecuencia, para comercializarla deben contar necesariamente con un consentimiento informado del titular a quien se refiere dicha información y no como de manera errónea he visto indicado en varias ocasiones: que esa información por tener la característica de pública o haber sido obtenida inicialmente de una base de datos de acceso irrestricto es de libre comercialización.

Por último quisiera puntualizar unos aspectos esenciales que debemos tomar en consideración al momento de contratar este tipo de servicios: inicialmente, se debe verificar la necesaria inscripción ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) de la Base de Datos de la cual provenga la información de los reportes y que la misma esté al día en cuanto al canon de comercialización. Luego, se deben definir las necesidades de la empresa que requiere los servicios, sean de consultas o bien de un servicio de recopilación de información pública. Igualmente, debemos atender a las facilidades que la empresa comercializadora de servicios de reportes de crédito ponga a disposición de sus clientes para la obtención de consentimientos informados. Es evidente que es imposible para las empresas que prestan estos servicios gestionarlos directamente frente a todas las personas consultadas, empero, es necesario que brinden un apoyo técnico y procedimientos adecuados que faciliten a sus clientes esta gestión y garantice la legalidad de los documentos que se firmen, recordando que de los documentos y procedimientos va a depender que tanto la empresa que presta el servicio como sus clientes se encuentren o no expuestos a sanciones económicas que pueden ir desde uno hasta treinta salarios base del puesto de Auxiliar Judicial I.

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