, Protección legal de la inversión en Nicaragua

Protección legal de la inversión en Nicaragua

La configuración del sistema económico nicaragüense fue uno de los ámbitos reforzados en la reciente Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua (publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 26, de 10 de febrero de 2014). De tal forma que a lo largo del articulado de la Constitución Política vigente se encuentra el reconocimiento expreso de un conjunto de derechos que conforman el tejido necesario de una democracia económica, caracterizada por la libertad de empresa, libertad contractual, respeto a los derechos humanos y a la propiedad privada, prohibición de confiscación de bienes y perturbación del dominio y posesión legal de cualquiera de las formas de propiedad reconocidas por el constituyente como parte del modelo económico mixto declarado en el texto constitucional.

Principios como la igualdad de las empresas ante la ley, el de legalidad tributaria y reserva de ley para crear impuestos y tributos, protección a la propiedad intelectual y el consenso entre el gobierno, sector privado y trabajadores, con la finalidad de lograr una estabilidad productiva y tranquilidad en la actividad empresarial constituyen pilares fundamentales del orden socio-económico consagrado en la Constitución Política nicaragüense.

Lo anterior se completa con el pertinente reconocimiento –también a nivel constitucional- de la responsabilidad del Estado para proteger, fomentar y promover las distintas formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada para garantizar la democracia económica y social. Además de tutelar y garantizar la libre competencia, los derechos de los consumidores, las inversiones nacionales y extranjeras, pública-privada y el rol protagónico de la iniciativa privada a fin de que contribuyan al desarrollo económico social del país.

El ordenamiento jurídico nicaragüense promueve el desarrollo económico del país. Las inversiones nacionales y extranjeras gozan del mismo trato y preferencia en todo el territorio nacional. La Ley No. 344, “Ley de Promoción de inversiones Extranjeras”, establece que los inversionistas extranjeros gozarán de los mismos derechos y medios para ejercerlos en igualdad de condiciones con los inversionistas nacionales, asimismo, se reconoce al inversionista extranjero el pleno ejercicio del derecho sobre el disfrute, uso, goce y dominio de la propiedad relacionada a su inversión sin más limitaciones que las que establezca la Constitución Política, goza de libre acceso a la compra y venta de moneda extranjera disponible y a la libre convertibilidad de la moneda; es decir, que no hay restricciones con respecto a la conversión o transferencia de fondos relacionados con inversiones, existe libertad de transferencia de utilidades, dividendos y ganancias, previo pago de impuestos y libertad para el pago y remisión al exterior de pagos por deudas contraídas en el exterior, intereses: regalías; rentas y asistencias técnicas.

La Constitución Política en su artículo 5 establece el reconocimiento a las distintas formas de propiedad y el estímulo estatal para la producción de la riqueza con una función social. Dentro del marco legal nacional se encuentran diferentes normas jurídicas que regulan las inversiones en el país, entre estas, cabe destacar el Código Civil y Código de Comercio, la Ley No. 344, Ley de promoción de inversiones extranjeras y la Ley No. 540, Ley de mediación y arbitraje. Esta última ley regula los métodos alternos a la vía judicial para solucionar cualquier tipo de controversia que resulte de las relaciones contractuales, y su ámbito de aplicación es de carácter nacional e internacional, sin perjuicio de los tratados, convenios, pacto o cualquier otro instrumento de Derecho Internacional del cual Nicaragua sea parte.

En el procedimiento Arbitral, el Tribunal estará compuesto por profesionales altamente capacitado en el asunto y escogidos libremente por las partes, bajo los procedimientos previamente pactados por éstos, sin que la nacionalidad de los mismos sea impedimento para que actúe como tal, a menos que las partes así lo hayan acordado salvo pacto entre las partes, el tiempo máximo establecido por la Ley No. 540 para que el Tribunal Arbitral emita su laudo definitivo es de 6 meses contados a partir de su integración. Tanto el acuerdo al que las partes lleguen en un proceso de Mediación como el Laudo Arbitral resultante de un proceso de Arbitraje, son definitivos y ejecutables de forma inmediata bajo las reglas establecidas por el Código de Procedimiento Civil de Nicaragua para llevar acabo la Ejecución Procesal de las mismas.

Como hemos señalado, Nicaragua favorece y propicia la inversión extranjera a través de incentivos regulados en las distintas leyes nacionales. Así, podemos encontrar incentivos a la inversión en la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria, la Ley No. 382, Ley de admisión temporal para perfeccionamiento activo de facilitación de las exportaciones, Ley N° 917, Ley de Zonas francas industriales de exportación, la Ley No. 532, Ley para la promoción de generación eléctrica con fuentes renovables, la Ley No. 387, Ley especial sobre exploración y explotación de minas, la Ley No. 306, ley de incentivos para la industria turística de la República de Nicaragua, la Ley No. 694, ley de promoción de ingreso de residentes pensionados y residentes rentistas, la Ley No. 838, Ley general de puertos de Nicaragua, la Ley 428 No. Ley orgánica de la vivienda urbana y rural, y la Ley No. 489, ley de pesca y acuicultura. Todos estos instrumentos jurídicos reconocen incentivos atractivos para quien desea invertir en Nicaragua.

En el plano internacional, Nicaragua forma parte de distintas organizaciones multilaterales que promueven e incentivan la inversión, es miembro del Sistema de Integración Centroamericana desde 1951 con la creación de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA); en el marco de este proceso de integración, Nicaragua es parte de numerosos tratados regionales como el Protocolo de Tegucigalpa a la carta de la ODECA (1991), El Tratado General de Integración Económica Centroamericana (1960), el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (1993), Tratado sobre Inversión y Comercio de Servicios entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (2002), Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana (1958), Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) (2008) y su reglamento, Convenio marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana (2007), entre otros, los que promueven el comercio regional y buscan el perfeccionamiento de la unión aduanera centroamericana que brinde desarrollo económico a los países de la región. Nicaragua también es miembro de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

También ha firmado numerosos acuerdos bilaterales y multilaterales con distintos países y regiones del mundo, como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y México, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana, el Tratado de Libre Comercio entre la República de Nicaragua y la República de China (Taiwán), el Tratado de Libre Comercio con Panamá, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile, los Acuerdos de Alcance Parcial firmados con Colombia y la República Bolivariana de Venezuela y otros que se encuentran en proceso de negociación.

Particularmente, el Capítulo de Inversiones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y Republica Dominicana (CAFTA-RD), reconoce los siguientes principios de protección a la inversión extranjera:

  • a) Trato Nacional
  • b) Trato de Nación más Favorecida
  • c) Trato a la inversión conforme al derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas.
  • d) Expropiaciones solo por (i) por causa de un propósito público; (ii) de una manera no discriminatoria; (iii) mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de una indemnización; y (iv) con apego al principio del debido proceso.
  • e) Libertad de transferencias desde y hacia el territorio de: (i) aportes de capital; (ii) utilidades, dividendos, ganancias de capital, y el producto de la venta o liquidación, total o parcial de la inversión cubierta; (iii) intereses, pagos por regalías, gastos por administración, asistencia técnica y otros cargos; (iv) pagos realizados conforme a un contrato, incluyendo un contrato de préstamo; (v) Pagos derivados de una indemnización por expropiación; (vi) pagos derivados de una controversia.

De tal forma que, Nicaragua está inserta en el mercado mundial a través de los distintos organismos de los que forma parte como la Organización Mundial de Comercio (OMC), del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) del que Nicaragua forma parte de toda su institucionalidad y de su Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), del Comité Ejecutivo de Integración Económica (CEIE) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). También es parte del Centro Internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI), el Organismo multilateral de garantía de inversiones (OMGI), la Corporación de inversiones privadas en el extranjero (OPIC), la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), de la Convención de Nueva York y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial, y los acuerdos celebrados con el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del Banco Mundial (MIGA).

Todo este amplio cuerpo normativo internacional regula las relaciones comerciales de Nicaragua con el mundo, constituyéndose en un destino propicio para dirigir las miradas hacia la inversión y el desarrollo económico.

Ma. Asunción Moreno Castillo
CENTRAL LAW Nicaragua

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