¿Podría entrar Cabify a operar en Costa Rica?

Para dar respuesta a esta pregunta, necesariamente tenemos que basarnos en algunos precedentes que se tienen en empresas similares y que funcionan en Costa Rica de ¨hecho¨ y no a ¨Derecho¨ como es la empresa UBER. 

Tanto la Procuraduría General de la República, así como el Consejo de Transporte Público (ente adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes) a ratificado que: ¨cualquier servicio de transporte remunerado de personas requiere de un permiso o una concesión autorizada por el Estado.¨

A partir de la vigencia de la Ley n.° 8955 (reguladora del servicio público de transporte), ninguna persona particular –física o jurídica- puede brindar el servicio de transporte remunerado de personas si, previo a ello, no cuenta con la autorización respectiva –concesión o permiso, según la modalidad de que se trate- conferida por el Consejo de Transporte Público, mediante los procedimientos que establecen las leyes que regulan el citado servicio público»

El Diputado Franklin Corella Vargas del Partido Acción Ciudadana, mediante oficio n.° PAC-FCV-086-15/16, del 24 de agosto del 2015, requirió el criterio de la Procuraduría General de la República en torno a los siguientes aspectos:

“1.- Cual (sic) es la posición de esa Procuraduría, con relación a la legalidad del servicio que ofrece la empresa UBER?
2.- En opinión de esa Procuraduría, las cláusulas contenidas en el CAFTA firmado con los Estados Unidos, específicamente en su Capítulo 11, obligan a nuestro Estado a autorizar el funcionamiento de esta empresa, para no entrar en una controversia.
3.- Cuales (sic) son las recomendaciones jurídico/legal, que debe la administración de seguir en este caso.”
La consulta fue evacuada por el Procurador Omar Rivera Mesén, mediante O.J.-111-2015, del 25 de setiembre del 2015, quien luego de aclarar la naturaleza jurídica del criterio que se emite y haciendo abstracción del caso concreto, concluye:

“a)A partir de la vigencia de la Ley n.° 8955, del 16 de junio del 2011, el transporte remunerado de personas, independientemente del tipo de vehículo automotor que se utilice, de las personas a las que vaya dirigido –ya sea que se ofrezca al público en general o a personas usuarias de grupos determinados- y de la intervención estatal en la determinación del sistema operativo o fiscalización, constituye un servicio público.

b)En consecuencia, a partir de la vigencia de la Ley n.° 8955, ninguna persona particular –física o jurídica- puede brindar el servicio de transporte remunerado de personas si, previo a ello, no cuenta con la autorización respectiva –concesión o permiso, según la modalidad de que se trate- conferida por el Consejo de Transporte Público, mediante los procedimientos que establecen las leyes que regulan el citado servicio público.

c)Las cláusulas establecidas en el Capítulo Once del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, no resultan aplicables al servicio de transporte remunerado de personas, toda vez que el mismo Tratado, concretamente en el artículo 11.1.6, excluye de su aplicación los servicios que se brindan en ejercicio de las facultades gubernamentales, dentro de los que se deben entender incluidos los servicios públicos.

d) Finalmente, las autoridades de tránsito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, inciso y), deben sancionar y multar a todos los propietarios y/o conductores de vehículos automotores que se dediquen a brindar el servicio de transporte remunerado de personas, en cualquiera de sus modalidades, si no cuentan con la autorización respectiva de parte del Consejo de Transporte Público.”

Tomando en cuenta todo lo anterior, mi criterio sobre si es permitido desde nuestra normativa legal actual que en Costa Rica pueda funcionar la empresa CABIFY brindando el servicio de transporte remunerado de personas si, previo a ello, no cuenta con la autorización respectiva –concesión o permiso, según la modalidad de que se trate- conferida por el Consejo de Transporte Público, mediante los procedimientos que establecen las leyes que regulan el citado servicio público, mi respuesta sería un categóricoNO.

Sin embargo es obvio que estás empresas y sus similares, funcionan en la practica y han tratado de que se permita su funcionamiento bajo el criterio de que ¨no son una empresas de transporte¨, sino plataformas digitales que permiten conectar a conductores con pasajeros.

Tratan de basarse en que la Ley 8955 aprobada en 2011 sólo regula dos tipos de transporte: el taxi tradicional y el servicio especial estable de taxi (SEETAXI). Su tesis es que el servicio que se presta por medio de las plataformas electrónicas, no calza en ninguno de los dos tipos regulados por ley, por lo que, aún cuando pueda ser considerado un servicio público, se trataría de uno no específicamente regulado (atípicas) y por ende sin intervención estatal; siendo por lo tanto que es permitido por ley sin necesidad de concesión o permiso, aunque podría ser sujeto a regulaciones estatales en un futuro cercano.

Randall Quirós Bustamante.
CENTRAL LAW Costa Rica

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