, La determinación de la responsabilidad médica

La determinación de la responsabilidad médica

Es un hecho que en la práctica médica los profesionales suelen realizar su trabajo con la finalidad de garantizar un resultado positivo para sus pacientes, que les lleve a tener una mejoría de su salud. No obstante, excepcionalmente algunos procedimientos pueden producir resultados distintos a los esperados, afectando, en algunos casos, la salud, la integridad física y hasta la vida de los pacientes; sin duda, estos daños pueden estar dentro del riesgo propio de las intervenciones realizadas o tener su origen en acciones descuidadas, negligentes o realizadas omitiendo procedimientos y actuar erróneo por parte de profesional de la medicina.

La ley general de la salud vigente contempla que los resultados producidos por negligencia y la infracción de determinados procedimientos sean conocidos a través de unos auditores médicos nombrados por el MINSA (Ministerios de Salud), cuya función principal es determinar, si en el caso concreto, hay o no responsabilidad administrativa por parte del médico auditado. Este es un primer nivel de análisis de la responsabilidad legal de actuar de los profesionales de la medicina.

Desde mi punto de vista, la Ley General de Salud, debería revisarse a efectos de actualizar algunos aspectos previstos para determinar la responsabilidad administrativa, teniendo en cuenta lo contemplado en el Derecho Comparado moderno y nuestra realidad social; en el entendido que deben ser ‘’los pares’’ quienes de forma exclusiva sean los que examinen las denuncias presentadas por los pacientes, esto como un primer filtro de conocimiento de las infracciones meramente administrativas, negligencias e imprudencias leves y dejar para el ámbito penal, en base al principio de ultima ratio solamente las ‘’imprudencias eminentemente graves’’, y que sean los auditores médicos quienes clasifiquen esta imprudencia a fin de determinar su gravedad, teniendo en cuenta que nuestro Código penal vigente ‘’sólo castiga la imprudencia temeraria’’ entendida esta como «la violación de las normas elementales de cuidado o diligencia debida».

A pesar de todo, el sometimiento a un proceso penal no debe significar per se la condena anticipada de los profesionales médicos, es claro que nuestra legislación penal reconoce el debido proceso y la tutela judicial efectiva como derechos de todo procesado, es decir, que las partes de un proceso tienen derecho a presentar las pruebas de cargos y de descargo, teniéndose en cuenta que el profesional de la medicina que esté siendo juzgado por imprudencias temerarias, debería estar en libertad durante el proceso hasta que se determine o no su culpabilidad. La imposición de medidas cautelares como la prisión preventiva no debería aplicarse a estos casos, salvo lo previsto en el Código Procesal Penal.

Es oportuno señalar, que en sede penal los procesados por delitos imprudentes, pueden llegar a una mediación antes y durante el proceso con la parte afectada, incluso hasta antes que se dicte la sentencia.

Finalmente, dado que no existe en Nicaragua una ley específica que regule el actuar de los profesionales de la medicina, este es un momento oportuno para formular una Ley Especial que regule el ámbito de actuación de los médicos y la determinación de responsabilidades civiles y administrativa por pares y dejar para el ámbito penal aquellos casos que estos mismos pares consideren como muy graves.

María Asunción Moreno Castillo
CENTRAL LAW Nicaragua

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