, El Estado no aprende a dictar actos administrativos

El Estado no aprende a dictar actos administrativos

Hace más o menos 40 años se discutió en la Asamblea Legislativa la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Se aprobó en mayo de 1978 y entró a regir seis meses después de su publicación.

Juristas destacadísimos se encargaron de la redacción del proyecto de ley, que si no hubiera sido por las detalladas, magistrales y numerosas explicaciones de los redactores, su sentido y significado hubiera escapado al entendimiento de los señores diputados que finalmente lo aprobaron.

En esta labor don Eduardo Ortíz Ortiz y don Rodolfo Piza Escalante fueron la voz cantante.

La LGAP. puso a Costa Rica a la vanguardia de toda Latinoamérica en lo referente al Derecho Administrativo, que es el Derecho que fija las reglas de cómo debe actuar la Administración Pública, sus servidores, y el régimen de responsabilidades, tanto del Estado como de los funcionarios públicos.

El Estado, o la Administración Pública, (llámense los Ministerios, las entidades descentralizadas, los órganos desconcentrados, los Poderes Supremos, las Municipalidades, el Presidente de la República), tienen una sola forma de actuar –normal-, y esta son los actos administrativos.

¿Qué es un acto administrativo? Pues la forma de manifestarse de todos esos sujetos de Derecho Público mencionados atrás, tales como un permiso de construcción; la concesión de una línea de transporte público; una licitación pública (por medio de la que esos sujetos adquieren bienes o servicios); o el otorgamiento de un permiso de funcionamiento, o sanitario; el reglamento de una ley (que se emite normalmente por medio de un Decreto Ejecutivo) y, en general, cualquier respuesta que los sujetos de Derecho Público hacen a las peticiones que hacemos los administrados: esos, los administrados, somos usted y yo, los ciudadanos que requerimos y solicitamos actuaciones de la Administración Pública, en uno u otro sentido.

Tras la promulgación de la LGAP era de esperarse que todo el quehacer de los entes públicos, y de los funcionarios públicos, estuviera reglado y claro, especialmente para los destinatarios de los actos administrativos: nosotros los administrados, usted y yo.
¿Cuál era el propósito de la LGAP? Ingenuamente yo pensé durante mucho tiempo que había dos propósitos bien definidos que se estaban logrando: 1) Eliminar, de una vez por todas, la arbitrariedad en el ejercicio del poder de parte de los funcionarios públicos; y 2) Establecer un régimen de garantías bien claro para nosotros los administrados, para que pudiéramos combatir ante los Tribunales de Justicia, las arbitrariedades y abusos de poder, cuando se presentaran.

Este régimen de garantías incluía unas reglas muy claras de la responsabilidad que conlleva el mal actuar de la Administración Pública, y de sus funcionarios.
De esos dos objetivos, el segundo se ha conseguido en mayor medida. No hay duda de que los ciudadanos podemos enfrentar a la Administración Pública, y a sus funcionarios, cuando actúan abusando o desviando el poder, -que nosotros mismos les otorgamos,- hoy mucho mejor que hace cuarenta años.

Más todos pagamos por esta responsabilidad, porque las indemnizaciones que debe pagar la Administración Pública, las pagamos usted y yo a través de nuestros impuestos. Son todavía muy contados los casos en que el funcionario público se le condena por su mala actuación.

Pero lo mismo no puede decirse del objetivo de eliminar los abusos y arbitrariedades. Somos todos los días víctimas de abusos y arbitrariedades de los funcionarios públicos, porque parece que no han aprendido que el poder que detentan es, única y exclusivamente, para ejercerlo siguiendo reglas de actuación, que precisamente vino a poner en blanco y negro la LGAP.

Yo pienso que los objetivos de la LGAP son los dos esenciales, y que en caso de no cumplirse los dos, toda la reforma del régimen de actividad administrativa no producirá nunca sus frutos, y que hoy estamos pagando ese desequilibrio.

La actividad administrativa sigue adoleciendo de muchos vicios, pero los administrados tenemos asegurado el resarcimiento de los daños y perjuicios que nos causan esos abusos y arbitrariedades.

Después de casi 40 años de L.G.A.P. todas las administraciones públicas debieran tener dentro de las filas de sus funcionarios permanentes, expertos en el dictado de actos administrativos.

No es posible que los funcionarios públicos sigan sueltos y hagan lo que les da la gana, la actuación correcta de la Administración Pública a través de ellos debiera estar asegurada en una mucho mayor proporción a como está hoy en día.

Al menos debiera estar asegurado que los funcionarios públicos que dictan actos administrativos los emitan formalmente de manera correcta motivándolos, concediendo las audiencias correspondientes; poniéndolos en conocimiento de los interesados; dándonos a conocer las razones de por qué si, o por qué no, para permitirnos impugnarlos, combatirlos, contradecirlos.

Si los actos administrativos fueran más claros, más fundamentados, mejor elaborados, no tendría por qué intervenir tanto en el quehacer de la Administración la Sala Constitucional, ni los Tribunales Contencioso-Administrativos. Sería mucho más fluido el discurrir de actuación administrativa, y las relaciones con los ciudadanos.

Tenemos que asegurar al administrado,- a usted y a mí,- no solamente que podemos después cobrar una indemnización al Estado, sino primordialmente que la actuación de la Administración Pública es recta, justa, equilibrada, congruente con reglas unívocas de la lógica, ciencia y de la buena administración.

También en sede administrativa se administra justicia: sí, la justicia administrativa, la que se concede a tiempo, antes de obligar a personas como usted y a mí a pasar los “vía crucis” de buscar un Juez para que dentro de 10 años me conceda la razón.

¿Cómo asegurar esta actuación recta del Estado? Dentro de cada ente público debe haber un cuerpo de funcionarios capacitados para interpretar la voluntad del funcionario, y manifestarla en un acto administrativo que reúna todos los requisitos de la LGAP. Sólo ellos deben ser los encargados de hacer los actos administrativos, no el funcionario que lo va a firmar.

Alfonso Carro
CENTRAL LAW Costa Rica
Fuente: CRHoy

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